Perecería que las bases estructurales y superestructurales
de la reforma del viejo Estado han entrado en etapa de agotamiento político sin
que se hayan concretado totalmente los propósitos que inicialmente proponía la burguesía
burocrática a favor de la restauración del Capitalismo Burocrático.
Desde
la perspectiva idealista, el fascismo reformista ha logrado operar -en alguna
medida- sobre el campo de la conciencia, es decir: leyes, estado, filosofía,
política, educación, cultura, etc., argumentando que desde ahí se pueden
realizar cambios “transformadores” en la economía y en la vida política del
país,” pretendiendo “elevar” dicho proceso a una condición de “revolución”,
desde luego, dejando intocadas las relaciones de producción y todo aquello que
compromete con la base, la estructura y la opresión imperialista.
§ Revolución ciudadana, -le
dicen-.
Alianza
País, al igual que sus predecesores del reformismo burgués-terrateniente, han
dejado incólume problemas fundamentales de la sociedad que generan
contradicciones improbables de saldar
dentro de régimen demo burgués y que solo pueden ser dirimidas por medio de la
guerra violenta, cruenta.
Desde
la reprimarización de la economía, reformulación jurídica, cambios en la
educación superior, elitizándola –por un lado- y estimulando o reforzando la
educación tecnológica so discurso de ser un amparo para el”venidero” proceso de
industrialización que se supone va a ser implementado en el país, han marcado
las pautas del régimen corporativista de la burguesía burocrática.
Han
consolidado la función represiva a la que además de fortalecerla
tecnológicamente, armamentos, salarios, bienestar social de los miembros de las
FFAA y policía, le han dotado un “rol
social” más dinámico.
“No
podemos ser mendigos sentados en un saco de oro” dice en sus discursos de
manera recurrente Rafael Correa. Hay que impulsar una transformación profunda que estimule a la
industria nacional y sin tapujos vuelve sobre los fueros del extractivismo pero
de una manera más dispuesta, con mayor participación del estado en la renta petrolífera
y minera a gran escala. Obviamente, Correa esgrime la tesis de que dicho
proceso es provechoso para el país en la medida que hacerlo de forma tecnificada
se puede bajar el impacto en el sistema ecológico y cuyos resultados siempre
traerán beneficios particularmente para el pueblo (dice…) quién será el
principal favorecido con obras en educación, infraestructura vial, salud, etc.
Cuando
nos referimos a la reprimarización de la economía en el país, lo hacemos
remitiéndonos a los hechos objetivos que han cobrado particular importancia con
el proceso restaurador del viejo Estado: retomar con mayor vehemencia y
agresividad los sectores primarios de la economía para oxigenar al capitalismo
burocrático, que hasta ahora no encuentra vías de salvataje ante la cada vez
más creciente injerencia y dominio imperialista, que vía inversión directa
pretende incrementar más aun su proceso de acumulación sobreexplotando los
recursos naturales del país, ante la tibia resistencia que encuentra en el
pueblo que va sobre la grupa del revisionismo y el oportunismo.
Bajo
esta premisa, el gobierno pretende justificar del por qué es necesario insistir en la
explotación minera, hidrocarburos y la agro exportación (banano y flores. En
menor escala cacao y café) para financiar el gasto público y el cambio de la matriz productiva, desde luego,
favoreciendo directamente al imperialismo, a la gran burguesía y a los grandes
terratenientes.
El
extractivismo tiene la particularidad de ser un sector estático, con poco
movimiento, no incorpora valor agregado a la producción de materia prima cuyo
mercado internacional manejado por las grandes transnacionales y el
imperialismo nos “devuelve” en productos elaborados esclavizando o
profundizando más aun nuestra condición de semi colonia.
Mientras
el Estado socializa el impacto social y ecológico que genera el extractivismo,
análogamente restringe las economías locales, genera un movimiento limitado y
no cualificado de la mano de obra, contrapone los intereses de los campesinos
pobres, desarticula la organización campesino-popular. Circunstancialmente el
extractivismo puede convertirse en paliativo para la propuesta del régimen,
pero inevitablemente se agotará y la crisis solo será endosada para que se
profundice a la vuelta de los pocos años.
El
proceso reformista en términos políticos y económicos ha desbrozado el camino a
las transnacionales de la minería e hidrocarburos persiguiendo, reprimiendo,
encarcelando y en no pocas ocasiones asesinando a mineros artesanales que se
han opuesto de manera decidida a ser expulsados de los territorios donde
operaban (en condiciones complejas) para que se puedan asentar las mineras
extranjeras.
Precisamente
el pasado 7 de noviembre se produjo el asalto de un grupo de miembros del
ejército represivo a una pequeña unidad de producción minera artesanal a
orillas del río Zamora, al sur del país. En la acción cayo asesinado por los
militares uno de los mineros: Freddy Ramiro Taish. Lo relevante de este hecho: la
reacción de las masas que hastiadas contraatacaron haciendo uso legítimo de la
fuerza en función de sus derechos y defensa de la vida. Uno de los mineros
armado de una vieja escopeta de perdigones opuso resistencia a los militares, dejando
en la rivera a 9 militares heridos. Hoy ese minero artesanal es buscado por las
FFAA y la élite policial pues el régimen
fascista puso “precio” a su cabeza y hoy en día ya consta en la lista de los
“más buscados” por las autoridades represivas.
El
presidente se llena la boca diciendo que la explotación hidrocarburífera y
minera mejorará y modernizará el país. Lo que no dice el fascista es que los
recursos de este sector (extractivista) no son invertidos en educación o salud
porque la Constitución no lo permite. Los gastos en educación y salud (gastos
permanentes) deben salir de ingresos fijos (permanentes) como los impuestos
directos. Entonces, se invierte en infraestructura pero ni un centavo en gasto
corriente (sueldos), por el contrario, elimina personal y a pesar de eso la
productividad de los mismos ha mejorado de manera exponencial. Es decir, los
trabajadores del sector salud y educativo producen más (atienden a más
personas) pero no se incrementa el número de trabajadores y mucho menos sus salarios
de tal forma que se equiparen y respondan al costo de la canasta básica que
está arriba de los 650 dólares, muy por encima
del salario básico (318 dólares –nominal-).
Se
evidencia la demagogia del régimen fascista. Miente, engaña al pueblo con un
discurso envolvente en el que se habla de gratuidad en salud, educación, no
obstante son los impuestos que exprime de manera directa a las masas las que financian
todo el gasto al respecto.
No
diferente pasa con la vialidad. Los ingresos por la venta anticipada de
petróleo de manera relevante han sido utilizados en mejorar el sistema vial y aeroportuario
del país. Lo complejo es que si analizamos el tejido vial sobre el que ha
operado el régimen podemos darnos cuenta que se ciñen a los requerimientos que
tienen las hidroeléctricas, minas, pozos petroleros, es decir el circuito en
torno a la inversiones de las transnacionales de la extracción. En lo que respecta
a zonas del país donde no hay evidencia de minas o pozos petroleros las vías
siguen igual o peor que antes. Es palpable, la renta extractivista apoya la
mayor penetración del imperialismo en el país.
Por
otro lado la política subsidiaria del régimen es un entrampamiento para las
masas a las que también se les engaña con subsidios bajos mientras que a la
clase media y alta se le beneficia de mayor y mejor manera.
El
Estado debe incorporar a su carga presupuestaria $ 3.827 millones de
dólares en subsidios de combustibles (diesel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo
-GLP-) y obviamente el endeudamiento y la venta anticipada le van permitiendo
no solo suplir ese requerimiento (por ahora), sino además sostener lo que el
régimen eufemísticamente llama “gastos en personal para la inversión” o “compra
de renuncias anticipadas” que en definitiva son despidos intempestivos,
ejercicio al que se le asignó aproximadamente 500 millones en el 2013.
Se
debe considerar que mientras que a la mediana y gran burguesía el estado le
subsidia con 3.827 de manera directa (representa aproximadamente el 40% de los
ingresos petroleros), a los sectores populares
(cerca de dos millones de ecuatorianos situados por debajo de los
límites de la pobreza) se le entrega el Bono
de Solidaridad Humana (50 dólares a c/u) que globalmente representan cerca
de 800 millones de dólares al año, es decir 1/5 parte de lo que reciben los
sectores más pudientes o que tienen un espacio de movilidad económica
aceptable.
La
pinza que le permite cerrar dicho proceso reconstructivo se consolida el
momento que imprimen cambios sustanciales al Código Penal bajo la observancia y delineamiento del GAFI
(Grupo de Acción financiera).
El
Canciller de la república, Ricardo Patiño, se vio forzado a viajar a los EEUU para
postrarse ante los miembros del GAFI para explicar los alcances que ha tenido
la reforma del Código Penal en lo inherente a la lucha contra el lavado de
activos y desde luego, las políticas jurídicas y represivas relacionadas con la
lucha en contra del “terrorismo”.
Obviamente,
la reforma estableció penas acumulativas cuyo techo llega hasta los 40 años de
cárcel, siendo relevantes las condenas
contra el “terrorismo”, la “rebelión” entre otros.
El
chantaje de los EEUU a través del Gafi dio resultados inmediatos. El régimen
cayó de rodillas una vez más ante el imperialismo manifestando su temor de que
los EEUU mantengan al Ecuador en su “lista negra” que implica serias restricciones
en el sistema bancario y financiero de los EEUU.
Ya
el artículo 357 de ese cuerpo legal (Código Penal Integral) establece penas de
hasta 10 años a las personas que proporcionen, ofrezcan, organicen, recolecten,
o pongan los recursos, fondos o activos, bienes muebles o inmuebles a disposición
de “grupos o asociaciones terroristas”. Desde luego, “terroristas” para el
fascismo gubernamental son los jóvenes estudiantes que se manifiestan en las
calles. Obreros, campesinos que salen a las marchas en defensa de sus derechos
y sus legítimas reivindicaciones laborales. “Terroristas” para el régimen son
los luchadores populares y desde luego, nosotros, los comunistas.
Es
importante señalar que esta ley hace extensivo su brazo coercitivo y represivo
a quién organice manifestaciones, paralización de los servicios públicos, etc.
Es decir sella en la ley la criminalización y penalización de la protesta y
lucha popular.
LA MEA CULPA DEL REGIMEN
Como
una mea culpa, el régimen de Correa
admitió que el lado débil de la “revolución ciudadana” ha sido el tema agrario.
No ha podido (tampoco ha querido) desarticular el latifundismo. La compra-venta
a la que le llamaron reforma o reestructuración agraria no tuvo el impacto que
pretendían, no obstante estar muy lejos de que dicho proceso se constituya en
una verdadera reforma agraria, que dicho sea de paso solo queda –como
pretensión- en un ir y venir de créditos, deudas y titulaciones de la tierra,
sin que esto comprometa cambio alguno en las relaciones semifeudales cuyas
contradicciones perviven en el antagonismo entre las fuerzas productivas y las
relaciones de producción.
Justamente
en estos días el gobierno (Servicio de Rentas Internas) incautó la hacienda
bananera La Clementina, 11.500 hectáreas, de Álvaro Noboa (gran terrateniente,
agro exportador, banquero, uno de los principales representantes de la
burguesía comparadora del país) por deudas al fisco de aproximadamente 100
millones de dólares. Correa manifiesta que este latifundio será “entregado” a
los trabajadores de la hacienda. Lo que se le olvidó decir es que el gobierno les
otorgará un crédito millonario a los 2.000 trabajadores para que puedan comprarla
al Estado.
El
gobierno argumenta haber “titulado” 400.000 hectáreas (¿). Lo que no dicen es
que estas hectáreas fueron compradas voluntariamente a terratenientes que
vieron en la propuesta del régimen la oportunidad para deshacerse de las
tierras de mala calidad ya sea por saturamiento productivo, mala disposición
geográfica (quebradas, pendientes pronunciadas, pedregales, etc.) y sobre todo aquellas que tienen serios
problemas de irrigación. El régimen les compró a precios muy por encima de su
valor real y claro, muy solidario,
dio facilidades para que los campesinos pobres se endeuden con el Estado para
que puedan comprar tierras asumiendo deudas que no pueden pagar y apretados con
tierras que poco o nada sirven en términos productivos.
Es
decir, las tierras objetivamente salieron de las manos de los terratenientes
para caer en manos del Estado vía hipoteca crediticia. A la final quedó en lo
mismo.
La
realidad objetiva del agro en el país tiene otro enfoque. De 850.000 unidades
de producción agrícola, 650.000 tienen menos de 5 hectáreas y 165.000, menos de
media hectárea. El 20% de las tierras se dedica a cultivos de agro exportación
y solo el 8,58% a la producción de alimentos. Y claro, la producción de
alimentos se realiza en los minifundios y en condiciones de producciones
precarias, feudales.
De
todas formas, el proceso impulsado por el régimen de compra-venta de tierras e
inclusive (dado el caso) la confiscación sin indemnización no define ni soluciona
el problema de la semifeudalidad, lo que determina ese carácter de manera
cierta son las condiciones en las que
son explotadas esas tierras y es precisamente ahí donde este régimen no va
a “meter mano” porque se iría contra lo medular de la estructura productiva en
el campo. La existencia de un régimen productivo rudimentario no
industrializado en el que pervive el gamonalismo, la aparcería, “al partir”, la
servidumbre. La coexistencia de
latifundios de producción precaria con grandes latifundios en los que si bien
es cierto existen relaciones salariales y cierto grado de industrialización,
éstas esconden relaciones semifeudales manifiestas también en la servidumbre,
semiservidumbre, clientelismo, concentración o acopio de la producción de
pequeños predios o minifundios cuyas economías tienen carácter familiar y
evidentemente, en la supervivencia de grandes latifundios.
Es
un hecho, la gran burguesía no tiene interés alguno en realizar la revolución
democrática. Una historia que se repite desde Eloy Alfaro a fines del siglo IX,
y no es que su tarea quedó inconclusa, como dice la izquierda domesticada,
parásita o el oportunismo pequeño burgués, es que no les interesa. El “viejo
luchador” como se le conoce a Alfaro, además de ser el referente revolucionario
del revisionismo y del oportunismo fue en verdad el páter putativo del Capitalismo Burocrático en el país. Tanto ayer
como hoy grandes burgueses y grandes terratenientes, solo quieren evolucionar
la semi feudalidad porque de eso y de la condición de semicoloniedad se nutre
el imperialismo y sus aliados en el país.
La
mea culpa se extiende al problema del empleo y desempleo. Correa dice: “hay que
bajar más las tasas de desempleo” no obstante aproximadamente 60 grupos
económicos concentran el 41% del PIB mientras el 43% de la clase trabajadora
está subempleada, sin derecho a trabajo permanente y regularizado.
El
programa de “compra anticipada de renuncias” sigue boyante. Ante los bajos
salarios, inestabilidad laboral, espionaje y represión laboral, muchos
empleados públicos prefieren “vender sus renuncias” para intencionar negocios
propios, pequeños, muchos de ellos artesanales y que son abortados o cerrados a
las pocas semanas de haber sido aperturados por la dificultad de competir con
las baratijas chinas que inundan los mercados populares del país o los grandes
monopolios de los supermercados que hegemonizan el comercio de víveres y otros.
EL FINANCIAMIENTO PARA LA REFORMA.
Han
fortalecido desde algunos años la política fiscal. Es decir más y mayores
impuestos. Venta anticipada de petróleo. Mejoramiento u optimización del gasto
fiscal. Mantención de salarios por debajo del límite que posibilite la
reproducción de la fuerza de trabajo de los obreros y demás asalariados pobres.
Hace
algunos días el Ministro de Relaciones Laborales planteó la necesidad de
congelar los salarios de los altos funcionarios (empleados públicos) por dos
años. Claro, al fascista y sus secuaces no les importa congelar por dos años
sus salarios que están muy por encima de los 4 mil dólares al mes, más de lo
que percibe un trabajador de base durante dos años de trabajo.
“Con ese
sueldo a mí que me lo congelen si quieren de por vida, no me importaría” -manifestaba uno de los trabajadores de la
salud-.
Inicialmente
el gobierno demagógicamente pregonaba su posición “antiimperialista” y gritaba
a los cuatro vientos que no pagaría
la deuda externa. No solo que la ha venido pagando, sino que la incrementó
hipotecando la renta petrolera. A junio
del 2013 la deuda ya se encuentra en
20.951,2 millones de dólares que representa el 23,2% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país, calculado en
90.326,4 millones USD.
China se proyecta como el nuevo proveedor de
fondos para financiar el presupuesto nacional. El último préstamo que hizo
China al país es de 3.812 millones de dólares (este rubro no tiene nada que ver
con los 1.500 millones que recibió del mismo país por venta anticipada de
petróleo) para cubrir el déficit del presupuesto que está sobre los 6 mil
millones de dólares. La deuda con china se consolida en el orden de los 8.177
millones de dólares.
El
presupuesto del Estado realiza una
inversión tremenda en la construcción de hidroeléctricas por parte de China, pero
hay que tener en claro que los fondos para la construcción de estas
hidroeléctricas (particularmente el proyecto hidroeléctrico emblemático del
régimen: Coca Codo Sinclair) no es financiado con fondos o renta petrolera,
sino con créditos bilaterales entre China y Ecuador con tasas que van de los 6
a 7,5% anual. Es decir China nos da el crédito, China construye el proyecto y
de manera pragmática el régimen de Alianza País le entrega en garantía, además
del fideicomiso de los flujos del proyecto, activos como el petróleo.
Negocio
redondo para China, más si se considera la “flexibilización laboral” a favor de
la empresa China que ha generado descontento y protesta por parte de los
trabajadores ecuatorianos quienes se han manifestado en contra de los malos
tratos a los que son sometidos por parte de los empresarios chinos.
En
el reciente viaje de Correa a Rusia pudo concretar un nuevo préstamo por
230 millones de dólares y la perspectiva
de que Rusia invierta en los próximos años USD 1.500 millones, sobre todo en el
sector gasífero, es decir, también por ahí el régimen impulsa su propuesta o
programa extractivista.
Este
aspecto es de suma importancia considerar en la medida de que el plan
gubernamental para los próximos años pretende disminuir el consumo de gas que
implica una fuerte inversión en subsidios por parte del Estado (aproximadamente
700 millones USD al año, considerando que El 20% de los hogares más ricos
obtienen el 62% del subsidio a los combustibles y el 24% al gas doméstico,
mientras que el 20% más pobre tan solo recibe el 3,6% y 15% respectivamente) y
cambiar el uso doméstico del gas por energía eléctrica que se supone nutrirán
las grandes hidroeléctricas que actualmente construye China en el país.
De
contraparte el Ecuador exporta banano y rosas a Rusia. Es decir nada que
estimule el mentado cambio de la matriz productiva (industrialización). Por el
contrario profundiza ejercicios agrícola-exportación que benefician a los
grandes terratenientes y productores de flores. Los primeros: grandes
terratenientes ligados a la banca, burguesía compradora del litoral. Los
segundos, un híbrido de compradores y burócratas afincados a lo largo de la sierra central.
El
gobierno se va en contra el principio del Sumak Kawsay que formularía
en la nueva Constitución al no producir para el consumo interno, sino destinar
la producción a las exportaciones y en contravía seguir fomentando las
importaciones que no dejan de ser una bofetada para los campesinos pobres y
medianos.
A la incipiente industria del
país parecería que poco o nada le importa el discurso del régimen, de todas
maneras han crecido y ganado más que en otros años porque también van de la
mano de la inversión extranjera, es evidente que la producción industrial en el
país se desenvuelve más en términos complementarios para las transnacionales. También
se han visto fortalecidos por las políticas laborales del estado que además de
confinar al proletariado a vivir cada vez más en condiciones de pauperización,
proletarizan a la pequeña y mediana burguesía cualificando la mano de obra
entrampada en salarios de miseria.
Desde
luego, no hay que ser un clarividente para darse cuenta que a la vuelta de unos
pocos años la crisis se vendrá con más fuerza, cuando no tengan petróleo para
seguir anticipando sus cobros, o las transnacionales terminen por desnutrir al
país, el reordenamiento y reestructuración jurídico y represivo apuntan a eso,
tiene una visión estratégica, anticiparse a la crisis social que sin duda se
desatará con vehemencia.
EL REVISIONISMO Y EL OPORTUNISMO
El
papel del revisionismo y del oportunismo está ahí. Es evidente. La complicidad
de estos sectores con la reforma es palmaria. Coluden y pugnan, pero todo bajo
el amparo del viejo estado y su proyecto estratégico.
Mery
Zamora, dirigente del MPD fue perseguida por el régimen a raíz del 30 de
septiembre (revuelta policial) y además producto de las contradicciones no
antagónicas que tienen entre ellos fue procesada y sentenciada el 13 de mayo
del presente año a 8 años de prisión por terrorismo. Y no es que azucemos al
régimen haga cumplir la sentencia, no, definitivamente, sin embargo esta
revisionista sigue libre producto de las negociaciones del régimen con ese
partido revisionista (MPD) que a cambio a cesado en su oposición. Es más,
Zamora será candidata para Alcaldía del cantón Portoviejo de la provincia
de Manabí para los comicios burgueses de 2014.
En
otras condiciones, como se ha venido dando, luchadores populares con condenas
más cortas han sido perseguidos y apresados. Jóvenes estudiantes menores
de edad
fueron encarcelados y expulsados de sus colegios sin miramiento alguno,
en el caso de la dirigente revisionista, pues bien, no pasa nada.
Los
oportunistas siguen ocupando cargos estratégicos en el gabinete reformista. Ahora
la ex dirigente de AVC, Rosa Mireya Cárdenas pasó a cumplir el cargo de vice
Ministra de Justicia, conjuntamente con Patricio Baquerizo. Son los nuevos carceleros
del régimen.
La
crisis sindical sigue agudizándose. La Confederación de Trabajadores del Sector
Público se encarga de neutralizar la protesta popular, de diezmar y conjurar la
reacción del movimiento de trabajadores del sector público. No limitados a eso,
esta Confederación sumó su respaldo a la explotación petrolífera en Yasuní
conforme lo declarara su presidente, Marcelo Solórzano, revisionista miembro
del régimen y Asambleísta por Alianza País.
Ahora,
cuando ya se han inscrito las listas para participar en las nuevas elecciones
en febrero (gobiernos seccionales) el revisionismo ha dado inicio al circo
electorero. Partidos como el PCE, MPD y PCMLE, verdaderos cadáveres electorales
pero vivaces pajes de la gran burguesía y de los grandes terratenientes,
haciéndoles el juego desde la democracia burguesa han enfilado ya sus baterías electorales,
unos para fortalecer la tendencia reformista y otros buscando espacios de
reproducción económica-política en el aparataje estatal.
CONTRA LA ILUSIÓN CONSTITUCIONALISTA Y LA REFORMA DEL VIEJO ESTADO
A COMBATIR AL RÉGIMEN CORPORATIVISTA, FASCISTA Y REFORMISTA DE
ALIANZA PAÍS
¡MUERTE AL IMPERIALISMO!
¡MUERTE AL REVISIONISMO!
¡A PREPARAR, DESATAR Y DESARROLLAR LA GUERRA POPULAR!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA!
¡VIVA EL MARXISMOI-LENINISMO-MAOÍSMO!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA, FILIPINAS, TURQUÍA Y PERÚ!
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO
