LOS VERICUETOS DE LA REFORMA DEL VIEJO ESTADO

Perecería que las bases estructurales y superestructurales de la reforma del viejo Estado han entrado en etapa de agotamiento político sin que se hayan concretado totalmente los propósitos que inicialmente proponía la burguesía burocrática a favor de la restauración del Capitalismo Burocrático.

Desde la perspectiva idealista, el fascismo reformista ha logrado operar -en alguna medida- sobre el campo de la conciencia, es decir: leyes, estado, filosofía, política, educación, cultura, etc., argumentando que desde ahí se pueden realizar cambios “transformadores” en la economía y en la vida política del país,” pretendiendo “elevar” dicho proceso a una condición de “revolución”, desde luego, dejando intocadas las relaciones de producción y todo aquello que compromete con la base, la estructura y la opresión imperialista.

§  Revolución ciudadana, -le dicen-.

Alianza País, al igual que sus predecesores del reformismo burgués-terrateniente, han dejado incólume problemas fundamentales de la sociedad que generan contradicciones improbables  de saldar dentro de régimen demo burgués y que solo pueden ser dirimidas por medio de la guerra violenta, cruenta.

Desde la reprimarización de la economía, reformulación jurídica, cambios en la educación superior, elitizándola –por un lado- y estimulando o reforzando la educación tecnológica so discurso de ser un amparo para el”venidero” proceso de industrialización que se supone va a ser implementado en el país, han marcado las pautas del régimen corporativista de la burguesía burocrática.

Han consolidado la función represiva a la que además de fortalecerla tecnológicamente, armamentos, salarios, bienestar social de los miembros de las FFAA y policía, le han dotado un “rol social” más dinámico.

  “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro” dice en sus discursos de manera recurrente Rafael Correa. Hay que impulsar una  transformación profunda que estimule a la industria nacional y sin tapujos vuelve sobre los fueros del extractivismo pero de una manera más dispuesta, con mayor participación del estado en la renta petrolífera y minera a gran escala. Obviamente, Correa esgrime la tesis de que dicho proceso es provechoso para el país en la medida que hacerlo de forma tecnificada se puede bajar el impacto en el sistema ecológico y cuyos resultados siempre traerán beneficios particularmente para el pueblo (dice…) quién será el principal favorecido con obras en educación, infraestructura vial, salud, etc.

Cuando nos referimos a la reprimarización de la economía en el país, lo hacemos remitiéndonos a los hechos objetivos que han cobrado particular importancia con el proceso restaurador del viejo Estado: retomar con mayor vehemencia y agresividad los sectores primarios de la economía para oxigenar al capitalismo burocrático, que hasta ahora no encuentra vías de salvataje ante la cada vez más creciente injerencia y dominio imperialista, que vía inversión directa pretende incrementar más aun su proceso de acumulación sobreexplotando los recursos naturales del país, ante la tibia resistencia que encuentra en el pueblo que va sobre la grupa del revisionismo y el oportunismo.

Bajo esta premisa, el gobierno pretende justificar  del por qué es necesario insistir en la explotación minera, hidrocarburos y la agro exportación (banano y flores. En menor escala cacao y café) para financiar el gasto público y el cambio de la matriz productiva, desde luego, favoreciendo directamente al imperialismo, a la gran burguesía y a los grandes terratenientes.

El extractivismo tiene la particularidad de ser un sector estático, con poco movimiento, no incorpora valor agregado a la producción de materia prima cuyo mercado internacional manejado por las grandes transnacionales y el imperialismo nos “devuelve” en productos elaborados esclavizando o profundizando más aun nuestra condición de semi colonia.

Mientras el Estado socializa el impacto social y ecológico que genera el extractivismo, análogamente restringe las economías locales, genera un movimiento limitado y no cualificado de la mano de obra, contrapone los intereses de los campesinos pobres, desarticula la organización campesino-popular. Circunstancialmente el extractivismo puede convertirse en paliativo para la propuesta del régimen, pero inevitablemente se agotará y la crisis solo será endosada para que se profundice a la vuelta de los pocos años.

El proceso reformista en términos políticos y económicos ha desbrozado el camino a las transnacionales de la minería e hidrocarburos persiguiendo, reprimiendo, encarcelando y en no pocas ocasiones asesinando a mineros artesanales que se han opuesto de manera decidida a ser expulsados de los territorios donde operaban (en condiciones complejas) para que se puedan asentar las mineras extranjeras.

Precisamente el pasado 7 de noviembre se produjo el asalto de un grupo de miembros del ejército represivo a una pequeña unidad de producción minera artesanal a orillas del río Zamora, al sur del país. En la acción cayo asesinado por los militares uno de los mineros: Freddy Ramiro Taish. Lo relevante de este hecho: la reacción de las masas que hastiadas contraatacaron haciendo uso legítimo de la fuerza en función de sus derechos y defensa de la vida. Uno de los mineros armado de una vieja escopeta de perdigones opuso resistencia a los militares, dejando en la rivera a 9 militares heridos. Hoy ese minero artesanal es buscado por las FFAA y la  élite policial pues el régimen fascista puso “precio” a su cabeza y hoy en día ya consta en la lista de los “más buscados” por las autoridades represivas.

El presidente se llena la boca diciendo que la explotación hidrocarburífera y minera mejorará y modernizará el país. Lo que no dice el fascista es que los recursos de este sector (extractivista) no son invertidos en educación o salud porque la Constitución no lo permite. Los gastos en educación y salud (gastos permanentes) deben salir de ingresos fijos (permanentes) como los impuestos directos. Entonces, se invierte en infraestructura pero ni un centavo en gasto corriente (sueldos), por el contrario, elimina personal y a pesar de eso la productividad de los mismos ha mejorado de manera exponencial. Es decir, los trabajadores del sector salud y educativo producen más (atienden a más personas) pero no se incrementa el número de trabajadores y mucho menos sus salarios de tal forma que se equiparen y respondan al costo de la canasta básica que está  arriba de los 650 dólares, muy por encima del salario básico (318 dólares –nominal-).

Se evidencia la demagogia del régimen fascista. Miente, engaña al pueblo con un discurso envolvente en el que se habla de gratuidad en salud, educación, no obstante son los impuestos que exprime de manera directa a las masas las que financian todo el gasto al respecto.

No diferente pasa con la vialidad. Los ingresos por la venta anticipada de petróleo de manera relevante han sido utilizados en mejorar el sistema vial y aeroportuario del país. Lo complejo es que si analizamos el tejido vial sobre el que ha operado el régimen podemos darnos cuenta que se ciñen a los requerimientos que tienen las hidroeléctricas, minas, pozos petroleros, es decir el circuito en torno a la inversiones de las transnacionales de la extracción. En lo que respecta a zonas del país donde no hay evidencia de minas o pozos petroleros las vías siguen igual o peor que antes. Es palpable, la renta extractivista apoya la mayor penetración del imperialismo en el país.

Por otro lado la política subsidiaria del régimen es un entrampamiento para las masas a las que también se les engaña con subsidios bajos mientras que a la clase media y alta se le beneficia de mayor y mejor manera.

El Estado debe incorporar a su carga presupuestaria  $ 3.827 millones de dólares en subsidios de combustibles (diesel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo -GLP-) y obviamente el endeudamiento y la venta anticipada le van permitiendo no solo suplir ese requerimiento (por ahora), sino además sostener lo que el régimen eufemísticamente llama “gastos en personal para la inversión” o “compra de renuncias anticipadas” que en definitiva son despidos intempestivos, ejercicio al que se le asignó aproximadamente 500 millones  en el 2013.

Se debe considerar que mientras que a la mediana y gran burguesía el estado le subsidia con 3.827 de manera directa (representa aproximadamente el 40% de los ingresos petroleros), a los sectores populares  (cerca de dos millones de ecuatorianos situados por debajo de los límites de la pobreza) se le entrega el Bono de Solidaridad Humana (50 dólares a c/u) que globalmente representan cerca de 800 millones de dólares al año, es decir 1/5 parte de lo que reciben los sectores más pudientes o que tienen un espacio de movilidad económica aceptable.

La pinza que le permite cerrar dicho proceso reconstructivo se consolida el momento que imprimen cambios sustanciales al Código Penal  bajo la observancia y delineamiento del GAFI (Grupo de Acción financiera).

El Canciller de la república, Ricardo Patiño, se vio forzado a viajar a los EEUU para postrarse ante los miembros del GAFI para explicar los alcances que ha tenido la reforma del Código Penal en lo inherente a la lucha contra el lavado de activos y desde luego, las políticas jurídicas y represivas relacionadas con la lucha en contra del “terrorismo”.

Obviamente, la reforma estableció penas acumulativas cuyo techo llega hasta los 40 años de cárcel, siendo relevantes las condenas  contra el “terrorismo”, la “rebelión” entre otros.

El chantaje de los EEUU a través del Gafi dio resultados inmediatos. El régimen cayó de rodillas una vez más ante el imperialismo manifestando su temor de que los EEUU mantengan al Ecuador en su “lista negra” que implica serias restricciones en el sistema bancario y financiero de los EEUU.

Ya el artículo 357 de ese cuerpo legal (Código Penal Integral) establece penas de hasta 10 años a las personas que proporcionen, ofrezcan, organicen, recolecten, o pongan los recursos, fondos o activos, bienes muebles o inmuebles a disposición de “grupos o asociaciones terroristas”. Desde luego, “terroristas” para el fascismo gubernamental son los jóvenes estudiantes que se manifiestan en las calles. Obreros, campesinos que salen a las marchas en defensa de sus derechos y sus legítimas reivindicaciones laborales. “Terroristas” para el régimen son los luchadores populares y desde luego, nosotros, los comunistas.

Es importante señalar que esta ley hace extensivo su brazo coercitivo y represivo a quién organice manifestaciones, paralización de los servicios públicos, etc. Es decir sella en la ley la criminalización y penalización de la protesta y lucha popular.

LA MEA CULPA DEL REGIMEN

Como una mea culpa, el régimen de Correa admitió que el lado débil de la “revolución ciudadana” ha sido el tema agrario. No ha podido (tampoco ha querido) desarticular el latifundismo. La compra-venta a la que le llamaron reforma o reestructuración agraria no tuvo el impacto que pretendían, no obstante estar muy lejos de que dicho proceso se constituya en una verdadera reforma agraria, que dicho sea de paso solo queda –como pretensión- en un ir y venir de créditos, deudas y titulaciones de la tierra, sin que esto comprometa cambio alguno en las relaciones semifeudales cuyas contradicciones perviven en el antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

Justamente en estos días el gobierno (Servicio de Rentas Internas) incautó la hacienda bananera La Clementina, 11.500 hectáreas, de Álvaro Noboa (gran terrateniente, agro exportador, banquero, uno de los principales representantes de la burguesía comparadora del país) por deudas al fisco de aproximadamente 100 millones de dólares. Correa manifiesta que este latifundio será “entregado” a los trabajadores de la hacienda. Lo que se le olvidó decir es que el gobierno les otorgará un crédito millonario a los 2.000 trabajadores para que puedan comprarla al Estado.

El gobierno argumenta haber “titulado” 400.000 hectáreas (¿). Lo que no dicen es que estas hectáreas fueron compradas voluntariamente a terratenientes que vieron en la propuesta del régimen la oportunidad para deshacerse de las tierras de mala calidad ya sea por saturamiento productivo, mala disposición geográfica (quebradas, pendientes pronunciadas, pedregales,  etc.) y sobre todo aquellas que tienen serios problemas de irrigación. El régimen les compró a precios muy por encima de su valor real y claro, muy solidario, dio facilidades para que los campesinos pobres se endeuden con el Estado para que puedan comprar tierras asumiendo deudas que no pueden pagar y apretados con tierras que poco o nada sirven en términos productivos.

Es decir, las tierras objetivamente salieron de las manos de los terratenientes para caer en manos del Estado vía hipoteca crediticia. A la final quedó en lo mismo.

La realidad objetiva del agro en el país tiene otro enfoque. De 850.000 unidades de producción agrícola, 650.000 tienen menos de 5 hectáreas y 165.000, menos de media hectárea. El 20% de las tierras se dedica a cultivos de agro exportación y solo el 8,58% a la producción de alimentos. Y claro, la producción de alimentos se realiza en los minifundios y en condiciones de producciones precarias, feudales.

De todas formas, el proceso impulsado por el régimen de compra-venta de tierras e inclusive (dado el caso) la confiscación sin indemnización no define ni soluciona el problema de la semifeudalidad, lo que determina ese carácter de manera cierta son las condiciones en las que son explotadas esas tierras y es precisamente ahí donde este régimen no va a “meter mano” porque se iría contra lo medular de la estructura productiva en el campo. La existencia de un régimen productivo rudimentario no industrializado en el que pervive el gamonalismo, la aparcería, “al partir”, la servidumbre. La coexistencia  de latifundios de producción precaria con grandes latifundios en los que si bien es cierto existen relaciones salariales y cierto grado de industrialización, éstas esconden relaciones semifeudales manifiestas también en la servidumbre, semiservidumbre, clientelismo, concentración o acopio de la producción de pequeños predios o minifundios cuyas economías tienen carácter familiar y evidentemente, en la supervivencia de grandes latifundios.

Es un hecho, la gran burguesía no tiene interés alguno en realizar la revolución democrática. Una historia que se repite desde Eloy Alfaro a fines del siglo IX, y no es que su tarea quedó inconclusa, como dice la izquierda domesticada, parásita o el oportunismo pequeño burgués, es que no les interesa. El “viejo luchador” como se le conoce a Alfaro, además de ser el referente revolucionario del revisionismo y del oportunismo fue en verdad el páter putativo del Capitalismo Burocrático en el país. Tanto ayer como hoy grandes burgueses y grandes terratenientes, solo quieren evolucionar la semi feudalidad porque de eso y de la condición de semicoloniedad se nutre el imperialismo y sus aliados en el país.

La mea culpa se extiende al problema del empleo y desempleo. Correa dice: “hay que bajar más las tasas de desempleo” no obstante aproximadamente 60 grupos económicos concentran el 41% del PIB mientras el 43% de la clase trabajadora está subempleada, sin derecho a trabajo permanente y regularizado.

El programa de “compra anticipada de renuncias” sigue boyante. Ante los bajos salarios, inestabilidad laboral, espionaje y represión laboral, muchos empleados públicos prefieren “vender sus renuncias” para intencionar negocios propios, pequeños, muchos de ellos artesanales y que son abortados o cerrados a las pocas semanas de haber sido aperturados por la dificultad de competir con las baratijas chinas que inundan los mercados populares del país o los grandes monopolios de los supermercados que hegemonizan el comercio de víveres y otros.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA REFORMA.

Han fortalecido desde algunos años la política fiscal. Es decir más y mayores impuestos. Venta anticipada de petróleo. Mejoramiento u optimización del gasto fiscal. Mantención de salarios por debajo del límite que posibilite la reproducción de la fuerza de trabajo de los obreros y demás asalariados pobres.

Hace algunos días el Ministro de Relaciones Laborales planteó la necesidad de congelar los salarios de los altos funcionarios (empleados públicos) por dos años. Claro, al fascista y sus secuaces no les importa congelar por dos años sus salarios que están muy por encima de los 4 mil dólares al mes, más de lo que percibe un trabajador de base durante dos años de trabajo.

 “Con ese sueldo a mí que me lo congelen si quieren de por vida, no me importaría”  -manifestaba uno de los trabajadores de la salud-.

Inicialmente el gobierno demagógicamente pregonaba su posición “antiimperialista” y gritaba a los cuatro vientos que no pagaría la deuda externa. No solo que la ha venido pagando, sino que la incrementó hipotecando la renta petrolera. A  junio del 2013 la deuda ya se encuentra en  20.951,2 millones de dólares que representa el 23,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, calculado en  90.326,4 millones USD.

 China se proyecta como el nuevo proveedor de fondos para financiar el presupuesto nacional. El último préstamo que hizo China al país es de 3.812 millones de dólares (este rubro no tiene nada que ver con los 1.500 millones que recibió del mismo país por venta anticipada de petróleo) para cubrir el déficit del presupuesto que está sobre los 6 mil millones de dólares. La deuda con china se consolida en el orden de los 8.177 millones de dólares.

El presupuesto del Estado  realiza una inversión tremenda en la construcción de hidroeléctricas por parte de China, pero hay que tener en claro que los fondos para la construcción de estas hidroeléctricas (particularmente el proyecto hidroeléctrico emblemático del régimen: Coca Codo Sinclair) no es financiado con fondos o renta petrolera, sino con créditos bilaterales entre China y Ecuador con tasas que van de los 6 a 7,5% anual. Es decir China nos da el crédito, China construye el proyecto y de manera pragmática el régimen de Alianza País le entrega en garantía, además del fideicomiso de los flujos del proyecto, activos como el petróleo.

Negocio redondo para China, más si se considera la “flexibilización laboral” a favor de la empresa China que ha generado descontento y protesta por parte de los trabajadores ecuatorianos quienes se han manifestado en contra de los malos tratos a los que son sometidos por parte de los empresarios chinos.

En el reciente viaje de Correa a Rusia pudo concretar un nuevo préstamo por 230  millones de dólares y la perspectiva de que Rusia invierta en los próximos años USD 1.500 millones, sobre todo en el sector gasífero, es decir, también por ahí el régimen impulsa su propuesta o programa extractivista.

Este aspecto es de suma importancia considerar en la medida de que el plan gubernamental para los próximos años pretende disminuir el consumo de gas que implica una fuerte inversión en subsidios por parte del Estado (aproximadamente 700 millones USD al año, considerando que El 20% de los hogares más ricos obtienen el 62% del subsidio a los combustibles y el 24% al gas doméstico, mientras que el 20% más pobre tan solo recibe el 3,6% y 15% respectivamente) y cambiar el uso doméstico del gas por energía eléctrica que se supone nutrirán las grandes hidroeléctricas que actualmente construye China en el país.

De contraparte el Ecuador exporta banano y rosas a Rusia. Es decir nada que estimule el mentado cambio de la matriz productiva (industrialización). Por el contrario profundiza ejercicios agrícola-exportación que benefician a los grandes terratenientes y productores de flores. Los primeros: grandes terratenientes ligados a la banca, burguesía compradora del litoral. Los segundos, un híbrido de compradores y burócratas afincados a lo largo de  la sierra central.

El gobierno se va en contra el principio del Sumak Kawsay que formularía en la nueva Constitución al no producir para el consumo interno, sino destinar la producción a las exportaciones y en contravía seguir fomentando las importaciones que no dejan de ser una bofetada para los campesinos pobres y medianos.

A la incipiente industria del país parecería que poco o nada le importa el discurso del régimen, de todas maneras han crecido y ganado más que en otros años porque también van de la mano de la inversión extranjera, es evidente que la producción industrial en el país se desenvuelve más en términos complementarios para las transnacionales. También se han visto fortalecidos por las políticas laborales del estado que además de confinar al proletariado a vivir cada vez más en condiciones de pauperización, proletarizan a la pequeña y mediana burguesía cualificando la mano de obra entrampada en salarios de miseria.

Desde luego, no hay que ser un clarividente para darse cuenta que a la vuelta de unos pocos años la crisis se vendrá con más fuerza, cuando no tengan petróleo para seguir anticipando sus cobros, o las transnacionales terminen por desnutrir al país, el reordenamiento y reestructuración jurídico y represivo apuntan a eso, tiene una visión estratégica, anticiparse a la crisis social que sin duda se desatará con vehemencia.

EL REVISIONISMO Y EL OPORTUNISMO

El papel del revisionismo y del oportunismo está ahí. Es evidente. La complicidad de estos sectores con la reforma es palmaria. Coluden y pugnan, pero todo bajo el amparo del viejo estado y su proyecto estratégico.

Mery Zamora, dirigente del MPD fue perseguida por el régimen a raíz del 30 de septiembre (revuelta policial) y además producto de las contradicciones no antagónicas que tienen entre ellos fue procesada y sentenciada el 13 de mayo del presente año a 8 años de prisión por terrorismo. Y no es que azucemos al régimen haga cumplir la sentencia, no, definitivamente, sin embargo esta revisionista sigue libre producto de las negociaciones del régimen con ese partido revisionista (MPD) que a cambio a cesado en su oposición. Es más, Zamora  será candidata para Alcaldía del cantón Portoviejo de la provincia de Manabí para los comicios burgueses de 2014.

En otras condiciones, como se ha venido dando, luchadores populares con condenas más cortas han sido perseguidos y apresados. Jóvenes estudiantes menores de  edad  fueron encarcelados y expulsados de sus colegios sin miramiento alguno, en el caso de la dirigente revisionista, pues bien, no pasa nada.

Los oportunistas siguen ocupando cargos estratégicos en el gabinete reformista. Ahora la ex dirigente de AVC, Rosa Mireya Cárdenas pasó a cumplir el cargo de vice Ministra de Justicia, conjuntamente con Patricio Baquerizo. Son los nuevos carceleros del régimen.

La crisis sindical sigue agudizándose. La Confederación de Trabajadores del Sector Público se encarga de neutralizar la protesta popular, de diezmar y conjurar la reacción del movimiento de trabajadores del sector público. No limitados a eso, esta Confederación sumó su respaldo a la explotación petrolífera en Yasuní conforme lo declarara su presidente, Marcelo Solórzano, revisionista miembro del régimen y Asambleísta por Alianza País.

Ahora, cuando ya se han inscrito las listas para participar en las nuevas elecciones en febrero (gobiernos seccionales) el revisionismo ha dado inicio al circo electorero. Partidos como el PCE, MPD y PCMLE, verdaderos cadáveres electorales pero vivaces pajes de la gran burguesía y de los grandes terratenientes, haciéndoles el juego desde la democracia burguesa han enfilado ya sus baterías electorales, unos para fortalecer la tendencia reformista y otros buscando espacios de reproducción económica-política en el aparataje estatal.

CONTRA LA ILUSIÓN CONSTITUCIONALISTA Y LA REFORMA DEL VIEJO ESTADO

A COMBATIR AL RÉGIMEN CORPORATIVISTA, FASCISTA Y REFORMISTA DE ALIANZA PAÍS

¡MUERTE AL IMPERIALISMO!

¡MUERTE AL REVISIONISMO!

¡A PREPARAR, DESATAR Y DESARROLLAR LA GUERRA POPULAR!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA!

¡VIVA EL MARXISMOI-LENINISMO-MAOÍSMO!

¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA, FILIPINAS, TURQUÍA Y PERÚ!

A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO